- ES NECESARIO VERIFICAR SI DECISIONES TOMADAS POR EL GOBIERNO TENÍAN FUNDAMENTO LEGAL, DICE INFORME
- DECISIONES DE SUSPEDER A JUNTA DEL BCR
Diputados de distintas fracciones recomiendan enviar al Ministerio Público un informe en el que se demuestra un “proceder irregular” de los Consejos de Gobierno a cargo del expresidente Luis Guillermo Solís y el mandatario, Carlos Alvarado.
A Solís se le señala de suspender y al segundo de destituir, sin fundamento legal, a los integrantes de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BRC) que denunciaron el cementazo.
Esta es una de las recomendaciones de la comisión legislativa que investigó el informe hecho por la Procuraduría de la Ética Pública sobre el actuar del expresidente Solís en relación al caso del cemento chino. Ahora, el plenario legislativo votará para aprobar o reprobar esta y otras recomendaciones.
Según el documento firmado por la mayoría de los diputados de la comisión, Solís y Alvarado no tenían sustento legal para quitar de sus puestos a dos de los integrantes de la Junta Directiva anterior del BCR quienes denunciaron el cementazo y a una tercera, Paola Mora, quien es imputada por el trámite del millonario crédito. Sin embargo, creen necesario que esto sea verificado por la Procuraduría de la Ética Pública y el Ministerio Público.
Su recomendación es enviar a la Fiscalía el informe realizado por la comisión durante los últimos meses, basado en documentos y testimonios de testigos relacionados al caso.
Semanas atrás trascendió que la suspensión y destitución de los exdirectivos Francisco Molina, Mónica Segnini y Paola Mora podría ser nula.
La razón es que la ley establece que el Consejo de Gobierno no podrá revocar a los integrantes de las juntas “si no es con base en información de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)”.
En recientes declaraciones frente a los diputados que realizaron este informe, el mismo Javier Cascante, exjerarca de Sugef, aseguró que la entidad que estaba a su cargo no recomendó la remoción de nadie.
«El desapego a lo dispuesto por la norma aplicable podría traducirse en la violación del principio de legalidad, la comisión de algún tipo de ilícito a partir de las decisiones que se tomaron de manera injustificada en perjurio del erario y los intereses de los costarricenses”, dicen las recomendaciones de los diputados.
La comisión legislativa que lleva a cabo dicha investigación está integrada por Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional (PLN), Mileidy Alvarado y Arllan Hoepelman de Restauración Nacional, Erwen Masis del Partido Unidad Social Cristiana PUSC) y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano.
También por Laura Guido del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien presentará un informe separado al de sus compañeros, en defensa de los representantes de su partido.
Francisco Molina, exdirectivo del Banco de Costa Rica (BCR), narró que el expresidente Luis Guillermo Solís estaba incómodo cuando reunió a los integrantes de la anterior Junta Directiva para anunciarles sobre su suspensión, decisión que tomó el entonces mandatario cuando esperaban el resultado de la investigación sobre el crédito del cemento chino, en octubre del 2017.
«Expresidente Solís ni siquiera nos podía ver bien a la cara» “Lo que yo sentí es que nos pidieron la renuncia para que esa investigación que estaba haciendo la Auditoría no se llevara a cabo“, comentó Alberto Raven, también exdirectivo.
“La destitución nuestra por parte de este Gobierno y la separación del anterior obedece a otros intereses que no son necesariamente los del bienestar de la función pública, sino que detrás de esto hay presiones y situaciones que se están dando”, añadió Molina.
Finalmente, estos integrantes de la junta fueron destituidos por el Consejo de Gobierno encabezado por Alvarado el 18 de diciembre del 2018.
