La Contraloría General de la República ha presentado su opinión ante la Asamblea Legislativa sobre los informes elaborados por el Poder Ejecutivo en el marco de la rendición de cuentas. Uno de los temas más preocupantes mencionados es la inseguridad, que se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en Costa Rica.
El informe resalta que los homicidios dolosos alcanzaron cifras récord en 2023 y 2024, con 906 y 880 casos, respectivamente, convirtiéndose en los dos años más violentos en la historia del país. En 2024, se estima que el 70% de estos homicidios están relacionados con ajustes de cuentas o venganzas.
Además, se señala que el tráfico de armas ha aumentado significativamente en territorio costarricense, posicionando al país en el puesto 67 a nivel mundial en cuanto a mercados criminales. Desde 2020 hasta 2025, se han decomisado 415 armas relacionadas con el narcotráfico.
Según la Contraloría, esta situación representa un incremento en los costos que deben asumir tanto las empresas como las familias y la hacienda pública. En respuesta a este panorama, el gobierno ha incrementado el presupuesto destinado a protección y justicia, con un aumento cercano a ¢12 mil millones en menos de un año.
Para 2024, el presupuesto destinado a estas áreas asciende a ¢1. 015. 445 millones, lo que equivale al 2,07% del PIB. Para 2025, el monto proyectado es de ¢1. 122. 787 millones, equivalentes al 2,14% del PIB.
El informe también indica que, tras la pandemia de Covid-19, ha habido un aumento superior al 100% en los casos de estafa. Entre 2019 y 2023, los fraudes crecieron un 47,6%, mientras que las estafas electrónicas se dispararon un 402%.
El medio Diario Extra consultó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, sobre el análisis realizado por la Contraloría, quien cuestionó la metodología empleada. Zamora argumentó que, al no ser un ente especializado en seguridad, la Contraloría podría estar incurriendo en un grave error de apreciación. Puntualizó que, a pesar de la situación general, en los últimos tres años se ha observado una disminución en los delitos contra la propiedad, un aspecto que, según él, no ha sido considerado por la Contraloría.
Con información de | diarioextra.com
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