Los dos directores de sucursal y un tesorero del Banco de Costa Rica (BCR), arrestados el 17 de septiembre de 2024 en el marco del Caso Shark, siguen en suspensión de sus funciones, pero reciben su salario habitual, a pesar de que inicialmente se les había apartado sin pago.
La propia entidad bancaria confirmó esto al ser consultada por CR Hoy, tras conocerse que uno de los involucrados presentó una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo para reintegrar los salarios que no se le habían pagado.
Los acusados, cuyos apellidos son Zúñiga Brenes, Salas Sandoval y Vargas Mora, son considerados sospechosos de asociarse con una organización criminal en la Zona Norte para introducir en el sistema bancario nacional fondos que se presume provienen del narcotráfico, utilizando cuentas de la entidad estatal.
El caso 22-000116-1322-PE está investigando la participación de 12 individuos en el delito de lavado de dinero.
Según la indagación, estos empleados, quienes ocupan cargos altos en las sucursales de Río Cuarto y Santa Rosa de Pocosol, asesoraban a dicha organización delictiva.
Al parecer, aprovechaban sus posiciones para permitir que intermediarios de un supuesto narcotraficante, de nacionalidad colombiana y apellidado Meléndez, introdujeran dinero en el sistema bancario nacional, eludiendo los controles que deben seguir todos los usuarios.
“Facilitaban el lavado de dinero debido a su alto rango, el sistema bancario nacional tiene sus regulaciones, pero estos gerentes, aparentemente en complicidad con el grupo, hacían posible esto”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ.
A pesar de que se buscó conocer las razones por las cuales el BCR reactivó los pagos a estos empleados, la entidad se limitó a confirmar la información, sin ofrecer detalles sobre por qué se modificaron las condiciones de suspensión aplicadas a los gerentes y al tesorero.
“En respuesta a su consulta y de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal, ‘el procedimiento preparatorio no será público para terceros’, motivo por el cual no podemos referirnos a las acciones que lleva a cabo la investigación del Ministerio Público. Respecto a las personas sobre las que indaga, actualmente están suspendidas con salario durante la investigación en el proceso penal mencionado”, dijeron.
Los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron allanamientos en las residencias de estas personas el año anterior como parte de las acciones que se tomaron en su contra, debido al supuesto papel que desempeñaban en la organización criminal.
“Tiburón del Pacífico”, un pastor de San Carlos y otros implicados en el caso Shark permanecen seis meses más en prisión.
Mediante la resolución administrativa N. ° GCCH-650-09-2024, emitida el 24 de septiembre del año anterior, se decidió suspender el pago de salarios a los funcionarios que habían sido detenidos.
El empleado apellidado Vargas Mora, quien es el gerente de la sucursal de Río Cuarto, se presentó ante el Tribunal Contencioso el 9 de enero de este año para interponer una demanda contra el banco, después de haber estado sin salario durante tres meses debido a su suspensión, buscando que se le restituyera su remuneración.
Argumentó que esa medida afectaba gravemente su único ingreso familiar y afirmó que la suspensión sin salario impuesta por el banco «es una sanción anticipada y afecta su derecho a recibir un sueldo, sin que el vínculo laboral haya sido quebrantado, especialmente considerando que su libertad personal no está limitada».
Asimismo, justificó su situación al señalar que, siendo casado y con una hija universitaria, enfrentaba un alquiler de aproximadamente ¢250 mil y tenía la responsabilidad de pagar dos hipotecas por la vivienda que comparte con su esposa, lo que hacía que la medida le perjudicara de manera desproporcionada.
Sin embargo, la jueza encargada del caso, Alana Fonseca Lobo, determinó que no se podía priorizar su interés personal por encima del bien colectivo, por lo que desestimó la solicitud cautelar y declaró inadmisible la demanda en contra del BCR. De este modo, mediante la resolución N. ° 01157-2025, se mantuvo la suspensión sin salario hasta el 12 de febrero del 2025.
A pesar de esto, cuatro meses después de esa decisión, se supo que todos los funcionarios involucrados seguían recibiendo su sueldo, a pesar de no estar trabajando y de estar bajo investigación judicial.
¿Cómo operaban?
Los funcionarios fueron arrestados durante 23 operativos realizados en San José, Coto Brus, Upala, Mora, Escazú, Aguas Zarcas, Pital, La Palmera, Río Cuarto, Santa Rosa de Pocosol, y en un área del Centro Penitenciario La Reforma, en septiembre del año pasado.
En Ciudad Colón, fue capturado el cabecilla del grupo, un hombre apellidado Meléndez León, quien se encuentra en la lista de objetivos de alta prioridad para la DEA y, presuntamente, está vinculado a carteles de la droga como el Clan del Golfo.
Meléndez León, de 55 años, forma parte del expediente CPAC de esa agencia antidrogas y era conocido como uno de los “7 Tiburones del Pacífico”.
«Este individuo llamado Meléndez es una figura importante; está en la lista de los más buscados por la DEA a nivel global, dentro del top 50«, comentó Zúñiga.
“Alex” o “Volvo”, como era reconocido, era miembro de dicho grupo denominado así por las autoridades estadounidenses, conformado por narcotraficantes de Colombia y Costa Rica que enviaban drogas hacia Europa.
Este hombre obtenía enormes ganancias y las destinaba a diversas empresas, como fincas de piñas. Según informes, también habría colaborado con un pastor evangélico con el apellido Barboza Pilartes para mover dinero sin ser detectado por las autoridades.
Mediante intermediarios, “Volvo” se puso en contacto con empleados de bancos para que trabajaran desde sus cargos en beneficio de la organización.
En el día de las redadas, se confiscaron a los implicados cocaína, marihuana, efectivo, joyas, autos, maquinaria pesada, ganado, armas de fuego y municiones.
Con información de | crhoy.com
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