El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el domingo que no le importa que lo llamen «dictador«, en medio de las críticas sobre las recientes arrestos de defensores de derechos humanos y las acciones contra organizaciones no gubernamentales.
Bukele pronunció un discurso el domingo por la noche en un acto formal en el Teatro Nacional, celebrando el primer aniversario de su segundo mandato, que ha estado marcado por su cooperación con Donald Trump en la gestión de la deportación de migrantes y la lucha contra organizaciones humanitarias.
El mandatario acusó a las ONGs en el país de respaldar a pandillas y de realizar activismo político, y criticó a organismos internacionales y medios de comunicación por participar en lo que él considera un «ataque coordinado» contra su administración.
“¿Saben qué? No me importa que me digan dictador. Prefiero que me digan dictador antes que ver a los salvadoreños ser asesinados en las calles,” manifestó, al recordar que recibe críticas por su enfoque de seguridad severo.
Bukele, de 43 años, ejerce un poder casi total tras ser reelegido con un 85% de aprobación por su campaña contra las pandillas, que ha logrado reducir la violencia a niveles históricos mediante un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin necesidad de orden judicial.
Su gobierno ha sido fuertemente criticado por la detención el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG que investigaba posibles casos de corrupción en el estado, y que ayudaba a víctimas del régimen de excepción y a familias de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador.
“Dicen que encarcelamos a defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (…). No se les puede tocar. Cualquier opositor corrupto que es llevado a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora significa tener impunidad,” ironizó.
Defensores de “criminales”
La Fiscalía acusó a López de haber cometido malversación cuando fue asesora en el tribunal electoral hace diez años, pero organizaciones tanto locales como internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denuncian que esto forma parte de una estrategia para silenciar a quienes critican y frenar la defensa de los derechos humanos.
En mayo, también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una manifestación de campesinos y en febrero fue detenido Fidel Zavala, líder de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), acusado de tener conexiones con pandillas.
De acuerdo con las ONGs, Bukele utiliza el régimen de excepción que implementó hace tres años contra sus críticos o enemigos políticos, lo que ha llevado a la detención de 86,000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices.
Las ONGs, firmes opositoras al estado de excepción, sostienen que alrededor de 400 personas han perdido la vida en prisión y que miles de inocentes están detenidos.
“Los que dicen ser defensores de la democracia (…) en realidad desean que no podamos sancionar a los criminales bajo el pretexto de un ideal de derechos humanos que en verdad solo protege a los delincuentes”, afirmó Bukele.
El presidente indicó que en más de tres décadas, alrededor de “200. 000 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas”, que generaron pánico en el territorio.
Durante su discurso, también apoyó la Ley de Agentes Extranjeros, parecida a la de Rusia y Nicaragua, que exige a las ONG registrarse y abonar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben.
“Delincuentes” deportados
Aliado importante de Trump en su estrategia contra la inmigración, Bukele recibió en marzo y encarceló en su gran prisión para pandilleros a 252 venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó tras acusarlos de ser criminales sin pruebas.
En el Teatro Nacional, Bukele arremetió contra los congresistas demócratas que han viajado a El Salvador para solicitar ver a los detenidos, en especial a Kilmar Ábrego, un salvadoreño deportado «por error« a pesar de contar con una protección legal.
“Los congresistas de otros países vienen a golpear las puertas de las prisiones exigiendo que liberemos a los criminales. ¿Con qué derecho se presentan? Son siempre aquellos que se autodenominan defensores de la democracia quienes no creen en nuestra democracia”, expresó Bukele.
Con un estilo de comunicador que disfruta del dramatismo, organizó un amplio dispositivo para grabar y compartir en redes sociales la llegada de los deportados, con el cabello rapado y encadenados, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Criticado por algunos como autócrata, la reelección de Bukele genera dudas, ya que, a pesar de ser ilegal según la constitución, fue autorizada por un fallo de jueces afines a su gobierno.
“En este primer año del segundo mandato ilegal hay un aumento en las prácticas autoritarias. Es una consolidación de la dictadura”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario.
Con información de | Diarioextra.com
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