La modificación a la Ley de Protección al Trabajador, que permite a quienes padecen enfermedades graves retirarse de manera total los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), comenzó a aplicarse desde el martes pasado.
Esta es la ley 10707, correspondiente al expediente 22. 299, que recibió la orden de implementación por parte del presidente Rodrigo Chaves y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Esa propuesta fue aceptada en la Asamblea Legislativa con 45 votos positivos en el segundo y último debate, el 22 de abril.
La nueva legislación permitirá a los afiliados retirar los recursos del ROP en pagos mensuales durante un máximo de 60 meses o retirar el total de los fondos en un solo pago.
¿Cómo se realiza el retiro?
Con la ley actualmente en vigor, la persona afiliada o pensionada deberá entregar a su operadora de pensiones una certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que confirme su situación de enfermedad grave o terminal.
Esta evaluación sobre su estado deberá ser realizada por el médico que lo trate en la CCSS.
La reforma también incluye la posibilidad de retiro en situaciones de crisis de salud a causa de un accidente de alto riesgo de mortalidad.
Además, si el pensionado no se encuentra en condiciones de gestionar el retiro por su estado de salud, un tercero autorizado podrá hacerlo en su nombre.
¿Quiénes están habilitados para retirarlo?
El documento de la propuesta establece que tendrán derecho a optar por el retiro en un plazo de hasta sesenta meses o por la totalidad de los recursos, los afiliados y pensionados que presenten alguna de las siguientes condiciones y cumplan con los requisitos impuestos:
Padezcan una enfermedad terminal, validada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sufran de una grave condición de salud a causa de una enfermedad o accidente que cause una alteración considerable en su bienestar, poniendo su vida en alto riesgo, y cuyo tratamiento, basado en evidencia médica, tenga escasas probabilidades razonables de extender su vida, debidamente calificado por la CCSS.
Este proyecto fue presentado en 2020 por los exdiputados José María Villalta, del Frente Amplio, y Eduardo Cruikshank, del Partido Restauración Nacional.
El texto fue aprobado por la actual Asamblea Legislativa con el apoyo unánime de 45 diputados.
Con información de | diarioextra.com
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