El viceministro de Economía, Industria y Comercio, Marco Arroyo, participó en un diálogo organizado por la Academia de Centroamérica, donde mencionó que en Costa Rica hay un desbalance que beneficia a los proveedores de servicios financieros, perjudicando a los consumidores.
Frente a esta problemática, el Ministerio presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N. ° 24. 616, que tiene como objetivo establecer normas que fortalezcan la protección de los consumidores financieros.
“Existe una relación desigual entre los proveedores de servicios financieros y los consumidores. Es fundamental reintegrar el equilibrio en esta relación y el Estado debe jugar ese papel, tal como lo hace en otros sectores económicos mediante políticas públicas. Se necesita un regulador, alguien que defina las normas,” comentó Arroyo.
En este marco, Costa Rica ha propuesto en el pasado cuatro proyectos de ley sobre esta cuestión, pero ninguno avanzó en el proceso legislativo.
No obstante, tras la incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el tema de la salvaguarda del consumidor financiero ha recobrado importancia, especialmente a raíz de las sugerencias de este organismo internacional.
El MEIC ha asumido parte de esta responsabilidad a través de una propuesta que busca establecer una oficina especializada, vinculada al Ministerio, para manejar los casos donde los consumidores hayan sido afectados.
“Es imprescindible contar con un órgano especializado que incluya a abogados y economistas para evidenciar, por ejemplo, si un contrato tiene una cláusula abusiva. En la actualidad, el consumidor debe demostrar que la estafa no fue su responsabilidad; si se aprueba el proyecto de ley, serían las entidades financieras las que tendrían que demostrarlo,” afirmó Patricia Rojas, ministra del MEIC.
Con información de | diarioextra.com
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