Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), utiliza la fórmula salarial de los alcaldes a su favor. Pese a que la jerarca de la institución no dirige una municipalidad, calcula su salario como si fuera alcaldesa de algún cantón.
De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la República (CGR), el salario de la directora ejecutiva de la UNGL es de ₡3,8 millones.
El sueldo de Porras es ocho veces superior al de Enrique Segnini Saballo, alcalde de Puerto Jiménez, quien tiene una remuneración de apenas ₡450.000. Duplica el de Fernando Portugués, alcalde de Tarrazú (₡1,6 millones); el de Yeudy Ramírez Brenes, de Monteverde (₡1,6 millones); y el de Gina Rodríguez Rojas, de Zarcero (₡1,8 millones).
Dentro de los documentos presupuestarios del 2025 enviados por la UNGL al órgano fiscalizador, se detalla que la metodología utilizada es la del salario de un alcalde. Esta fórmula toma como base el salario mejor pagado de la institución y le agrega un 10 % sobre ese monto.
Así por ejemplo, si el funcionario mejor pagado de un municipio gana ₡4 millones al mes, se toma ese monto y se le agrega un 10%, como resultado el alcalde podría cobrar ₡4.4 millones.
La metodología es utilizada por los 84 alcaldes del país, debido a que el artículo 20 del Código Municipal establece que, por ninguna razón, los jerarcas locales pueden devengar menos del salario máximo pagado por la municipalidad, más un 10 %.
Aunque no hay impedimento legal explícito para que la UNGL aplique esta fórmula, el cuerpo legal menciona debe aplicarse únicamente a los “alcaldes municipales”, que son quienes dirigen los gobiernos locales.
El Código Municipal también permite que los vicealcaldes cobren el 80 % del salario de su superior.
UNGL en contra de eliminar fórmula Recientemente, la UNGL se pronunció contra el proyecto 24.384, que busca reformar la fórmula con la que hoy se calcula el salario de los alcaldes y hacerla proporcional a los ingresos de cada municipio.
El oficio enviado al Congreso menciona que se trata de limitaciones “injustificadas” que pondrían a los alcaldes en desventaja en comparación con otros funcionarios. Además, argumenta que afectaría la atracción de talento.
“Una modificación de esta magnitud, tendría un impacto negativo en la competitividad salarial de las personas titulares de la alcaldía, vicealcaldía, intendencia y viceintendencia, lo que incluso, desincentivaría la participación de profesionales altamente capacitados en estos cargos de elección popular. Al restringir sus derechos laborales de manera injustificada, se corre el riesgo de generar una desventaja en comparación con otras posiciones de responsabilidad”, indicó la entidad municipalista.
Este medio envió una serie de consultas a la UNGL; sin embargo, al cierre de esta edición no había dado respuesta.
Con información de | crhoy.com
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