Durante esta semana, la Municipalidad de Garabito y el complejo Hotel Punta Leona han estado en el centro de una disputa pública. La municipalidad sostiene que una parcela de terreno en la Zona Marítimo Terrestre es de uso público y reclama su propiedad, mientras que el hotel afirma que ese terreno les pertenece y cuenta con documentos legales que lo prueban.
Esta disputa no es reciente. Anteriormente, se había planteado un reclamo sobre el acceso público a la playa, cada vez más complicado para quienes no están alojados en los comercios, lo que ha suscitado estas preocupaciones. Sin embargo, si todas las playas son de acceso público en Costa Rica, ¿cuál es la situación en Punta Leona?
La Ley N. º 6043, conocida como Ley de la Zona Marítimo-Terrestre, fue promulgada en 1977 para regular el uso y explotación de la franja costera del país. Según su artículo 1, esta área es “inalienable e imprescriptible”:
Artículo 1. La zona marítimo-terrestre forma parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. El Estado, sus instituciones y todos los ciudadanos del país tienen la responsabilidad de protegerla y conservar sus recursos naturales. Su uso y aprovechamiento deben adherirse a las disposiciones de esta ley.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot explicó que esta normativa regula los primeros 200 metros desde la pleamar (marea alta) hacia tierra firme. De estos, 150 pueden ser objeto de concesión, pero los primeros 50 metros son inalienables, lo que significa que nadie puede disponer de ellos ni alterarlos.
“Para que se conceda un permiso es esencial contar con un plan regulador, y esas zonas en la franja marítimo-terrestre que pueden ser concesionadas no deben ser humedales ni bosques. Si están catalogadas como patrimonio natural del Estado, jamás podrán ser otorgadas en concesión”, mencionó el abogado.
Sagot también indicó que hay algunas excepciones mencionadas en los transitorios de la ley, como sucede en Puntarenas y ciertas áreas de Limón, pero que en términos generales no debería permitirse la construcción en los primeros 50 metros.
¿Por qué no se permite edificar en esa franja? Según Sagot, permitir construcciones en esa zona limita no solo el acceso público a las playas, sino que también interfiere con el tránsito de la vida silvestre, ya que se rompen los corredores biológicos, alterando así los ecosistemas.
“En Costa Rica, en ambas costas, la Pacífica y la Atlántica, hay ocasiones en que las municipalidades —que son las encargadas de supervisar esos 200 metros, conforme a la ley— no actúan de manera adecuada. ¿Qué implica eso? Que muchas personas construyen incluso dentro de los 50 metros inalienables, que deberían permanecer intactos”, subrayó Sagot.
Ante esta situación, el artículo 4 de la misma ley establece que tanto la Municipalidad como la Procuraduría General de la República tienen la autoridad legal para supervisar el cumplimiento de esta normativa. Sin embargo, el abogado subrayó que esta responsabilidad principal recae en los gobiernos locales, ya que son las entidades que están en el lugar.
«La municipalidad y, según el artículo 4 de la Ley de Zona Marítimo-Terrestre, también la Procuraduría General de la República. No obstante, las municipalidades son las que tienen mayor cercanía al territorio y cuentan con oficinas especializadas, por lo que son los principales supervisores y deben hacerse cargo de la aplicación de la normativa», añadió el abogado.
Caso Punta Leona
El 2 de julio pasado, la administración de Punta Leona Beach Club and Nature Resort informó a través de sus plataformas sociales que el alcalde de Garabito, Francisco González, se presentó en el complejo turístico y «inicialmente intentó que se retirara la aguja ubicada en una propiedad privada de Punta Leona y de otras personas, sin seguir un procedimiento administrativo«.
«Se le comunicó que no se actuaría de acuerdo a sus deseos, y mucho menos sin una orden escrita, ya que se trataba de propiedad privada. Cualquier intento de quitar la aguja o actuar de manera violenta iría en contra del derecho de propiedad privada, por lo que deberían responder por tales acciones«, indicaron en un comunicado.
Al ser consultado sobre el asunto, González afirmó a CR Hoy que la municipalidad está llevando a cabo un proceso para liberar el área pública de la zona marítimo-terrestre en distintos sectores del cantón, como Guacalillo, Herradura y Playa Blanca. También afirmó que esta decisión está respaldada por denuncias de vecinos y lo que establece la Ley 6043.
«En ningún momento acudimos con maquinarias, martillos o herramientas. No fuimos a demoler ninguna aguja. Nos presentamos de una forma respetuosa. Más bien, ellos fueron un poco hostiles, pero nosotros representamos la autoridad. No teníamos que derribar nada. Ellos debían permitirnos el acceso al área pública, que es lo que íbamos a hacer en ese instante: investigar, observar qué había y juzgar si era apropiado medir o si era evidente cuánto terreno estaba ocupado», comentó el alcalde.
El alcalde también añadió que la intención era verificar si una parte del hotel estaba invadiendo el área pública.
«Al tener la propiedad que rodea el acceso, están obligados por ley a permitir el paso. Además, construyeron una calle en el área pública. Por lo tanto, también se debe investigar por qué se hizo esa construcción, que evidentemente debió realizarse sin los debidos permisos. Y, en esencia, se debe dialogar sobre si la vía la utilizamos todos o si se debe demoler, porque si la quieren para fines privados, no puede atravesar el área pública», concluyó el alcalde.
Según un plano que tiene la Municipalidad acerca de la zona, lo que se encuentra a la izquierda de la línea amarilla estaría ocupando espacio público. Se puede observar que hay elementos como aceras, sanitarios, gradas, muros y entradas.
Por su parte, el resort anunció que desde mayo ha entregado documentación, evidencias e informes técnicos al Ayuntamiento de Garabito, en relación a las estructuras que supuestamente estarían ocupando la zona marítima-terrestre. No obstante, afirmaron que aún no han recibido ninguna respuesta formal o evaluación técnica del municipio. Según lo dicho, lo único que han recibido fue una advertencia verbal con un plazo urgente, careciendo de fundamento técnico.
El director general del hotel, Miguel Fernández, señaló que ya se han puesto en marcha los procedimientos formales, tanto desde el ámbito administrativo ante el Ayuntamiento como en las instancias judiciales pertinentes.
“El alcalde está proporcionando información que no es correcta. La compañía ha reiterado en diversas ocasiones que Playa Blanca es un espacio público, hay acceso para todos y no se está limitando el disfrute de la playa. El terreno de acceso donde se encuentran las estructuras que el alcalde amenaza con destruir pertenece a varios dueños, no solo a Punta Leona Beach Club and Nature Resort, y esos propietarios también tomarán las acciones correspondientes”.
También enfatizaron que no hay una declaración de interés público sobre esa propiedad y que, según lo que sabe la empresa, no hay ningún proceso de expropiación en curso.
Medida cautelar
Más tarde, el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea aprobó una medida cautelar provisional solicitada por el complejo. La decisión instruye a la Municipalidad de Garabito a evitar cualquier acción material contra la estructura situada en la entrada de la propiedad.
“La Municipalidad nunca ha actuado sobre terrenos privados. Nuestro enfoque está únicamente en el área pública de la zona marítimo-terrestre. Nos sorprende que dicho documento sea público sin que hayamos recibido notificación”, afirmó el alcalde, añadiendo que lo que está circulando es completamente opuesto a nuestras acciones. Nada de Punta Leona será demolido en propiedad privada; si llega a ocurrir una demolición, sería porque ha invadido propiedad pública”, complementó.
Denuncia penal
Asimismo, este jueves 10 de julio, la empresa Real de Punta Leona ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía de Garabito contra González por el supuesto abuso de autoridad, junto a una solicitud de medidas cautelares provisionales, según se indica en un comunicado.
Por su parte, el alcalde declaró que no ha sido notificado sobre dicha denuncia, por lo que no realizará comentarios al respecto.
Con información de | crhoy.com
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