El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, ha decidido presentar una demanda contra las principales empresas de telefonía celular por permitir que exista señal dentro de los centros penitenciarios. Según él, esto constituye un incumplimiento de la ley.
Esta acción está fundamentada en lo que establece el artículo 49, inciso 4, de la Ley General de Telecomunicaciones, que obliga a las compañías a «adoptar y aplicar mecanismos y soluciones técnicas necesarias para evitar la prestación de servicios inalámbricos accesibles al público dentro de los centros penitenciarios«.
En una entrevista con Diario Extra, Campos recordó que ya había alertado a las empresas sobre las posibles repercusiones legales si no lograban un bloqueo efectivo de la señal. “Tuve reuniones con sus representantes y fui claro: si no cumplen, los denunciaré penalmente. Tienen una obligación legal. Si incumplen, irán a la denuncia. No estoy dispuesto a tolerarlo más”, afirmó.
La denuncia, a la que este medio tuvo acceso, fue presentada ante el Ministerio Público tras identificar fallas técnicas durante inspecciones de campo realizadas por personal del Ministerio de Justicia. Entre los documentos revisados se encuentra un informe de 2022 en La Reforma y otro de 2025 en el CAI de Limón, ambos concluyendo que persisten problemas como la intermitencia en la señal, demoras en el bloqueo y en la recepción de mensajes SMS, lo que compromete la efectividad de los sistemas.
Las operadoras de telefonía han solicitado mayor control en el ingreso de celulares. En respuesta a las declaraciones del ministro, José Gutiérrez, director legal de Liberty, afirmó que no han recibido notificación oficial, aunque reconocen las afirmaciones del ministro. “Como empresa comprometida con la seguridad pública, implementamos hace años una solución tecnológica que se ha demostrado efectiva. Gracias a esta medida, ya no se relacionan llamadas de estafa con los centros penitenciarios, como sucedía anteriormente”, declaró.
Por su parte, Elizabeth Arroyave, consultora tecnológica y vicepresidenta de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), admitió que los sistemas actuales no garantizan un bloqueo absoluto. “El reto es complejo. Las operadoras han contratado firmas especializadas para detectar e impedir comunicaciones desde las cárceles, pero no se puede garantizar un cierre del 100%. Existen múltiples métodos para establecer contacto”, precisó.
Arroyave subrayó que la solución debe ser integral y colaborativa, ya que la tecnología avanza constantemente y los mecanismos de bloqueo necesitan actualizarse. “La forma más directa de detener estas comunicaciones es impedir que los privados de libertad tengan acceso a teléfonos móviles. Esto se advirtió desde 2018, cuando se aprobó la ley”, añadió.
En cuanto a las consecuencias legales, el artículo 67 de la Ley General de Telecomunicaciones clasifica como infracción leve el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 49. Las sanciones por este tipo de infracción oscilan entre cinco y treinta salarios base del puesto de auxiliar judicial 1, lo que equivale a multas que van desde aproximadamente ¢550. 000 hasta ¢3,3 millones.
El Ministerio de Justicia no descarta la posibilidad de implementar nuevas medidas legales o administrativas si no se evidencia una mejora significativa en el bloqueo de las señales de telefonía celular en los centros penitenciarios.
Resultados de las incautaciones
En los últimos 34 meses, la Policía Penitenciaria ha conseguido recuperar:
– 7,468 teléfonos celulares.
– 10,116 tarjetas SIM.
– 579,264 kilogramos de drogas.
– 13,320 dispositivos electrónicos.
– 46,939 armas blancas.
– 26,910 litros de bebidas alcohólicas.
– 1,680 personas puestas a disposición de la Fiscalía.
Fuente: Ministerio de Justicia.
Con información de | diarioextra.com
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