Los líderes criminales de Puntarenas conocidos como Pikachú y Gordo Ramos recibirán de vuelta unos 34 artículos de joyería de alto valor, a pesar de que ellos dos recibieron condenas de cárcel por 46 años y 36 años de prisión respectivamente, culpables de varios ataques armados.
Tras dictar el veredicto y terminar el juicio, el Tribunal Penal de Puntarenas ordenó la devolución de 20 relojes, 6 anillos dorados (en apariencia de oro), una cadena de color dorado con un crucifijo y una cadena color dorado con un dije con la leyenda “Ramos”, decomisados a alias “Gordo Ramos”.
Para el otro cabecilla de apellidos Villafuerte Guido conocido como Pikachú, se ordenó la devolución de 5 anillos de color dorado. La entrega no será inmediata, sino hasta tres meses luego de la firmeza de la sentencia.
No obstante, las jueces a cargo ordenaron el comiso definitivo de unos ₡3,7 millones, que pasarán a manos del Estado cuando la sentencia quede en firme, junto a otros $213 que también habían sido confiscados en los operativos.
La agrupación criminal que sembró el terror en varias zonas de Puntarenas, liderada por estos dos sujetos conocidos, fue sentenciada a un total de 208 años de cárcel por varios homicidios y atentados que perpetraron principalmente contra su banda rival, “Los Guayacanes”.
Un sujeto de apellidos Ramos Quirós alias “Chote”, hermano de Gordo, también fue condenado a 36 años cada uno. A otros miembros de apellidos Carvajal Gómez alias Cabezón, Lara Montero y Gutiérrez Álvarez, los condenaron a 30 años de cárcel cada uno.
Hoy viernes, el Tribunal Penal de Puntarenas declaró culpable a la agrupación por delitos como homicidio calificado, tentativa de asesinato, tenencia de arma permitida, actividad con arma prohibida y asociación ilícita.
El Tribunal Penal de Puntarenas además ordenó investigar posibles vínculos que tendrían funcionarios públicos como policiales, oficiales de Tránsito y trabajadores del sistema de salud, con miembros de la alianza criminal.
Aunque no fue parte de la investigación inicial, así se logró encontrar durante el juicio realizado, gracias a la revisión de las pruebas encontradas en los teléfonos celulares decomisados.
Por eso, las juezas a cargo recomendaron al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tomar nota de los hallazgos. Las juezas ordenaron informar a varias instituciones para que ahonden en estos ligámenes criminales.
“Se ordena comunicar a la Unidad Disciplinaria del Ministerio de Seguridad Pública, a la Unidad Disciplinaria de la Caja Costarricense del Seguro Social y a la Unidad Disciplinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Sección Policía de Tránsito, las comunicaciones que constan en la presente investigación, donde se desprende la probable participación de funcionarios públicos en la comisión de hechos delictivos o administrativos en perjuicio de la Probidad en la Función Pública”, señala la sentencia N.º 192 -P-2025 emitida este viernes.
La Fiscalía Adjunta de Puntarenas confirmó a CR Hoy que a través de la prueba aportada por ese despacho en el juicio, el Tribunal Penal observó que los miembros de la organización tuvieron cierta comunicación con funcionarios públicos.
Actualmente, el Ministerio Público valora la apertura de una investigación y esos aspectos se encuentran bajo análisis, indicaron ante la consulta de este medio.
De acuerdo con la pieza acusatoria, ambos cabecillas, junto a algunos de sus cómplices, planificaron y ejecutaron la muerte de Bryan Álvarez Jiménez, así como los intentos de homicidio contra cuatro personas más, todas ellas integrantes de “Los Guayacanes”, una banda rival asentada principalmente en Bella Vista cerca de Chacarita, en el cantón central de Puntarenas.
Producto de uno de los atentados, Álvarez fue asesinado a balazos en el tórax y el abdomen, mientras que otro hombre, de apellido Cuaresma, resultó herido en la rodilla izquierda.
Tanto estos sujetos como los miembros de sus respectivas bandas serían responsables de una ola de asesinatos que se desató en 2023 en varias comunidades porteñas.
Las bandas de “Gordo Ramos” y “Pikachú” colaboraban entre sí y mantenían vínculos en sus negocios ilícitos, pero, a raíz de la captura de varios sicarios, comenzaron a tener diferencias que desembocaron en un “divorcio” entre ambos bandos.
Varias muertes violentas ocurridas en 2023 han sido vinculadas con estas agrupaciones. Al parecer, tanto Ramos como Villafuerte pagaban a sicarios para deshacerse de sus rivales, pertenecientes a otros grupos más pequeños que intentaban incursionar en la venta de droga.
Aparentemente, estos grupos operaban desde 2022. Entre sus acciones criminales, reclutaban a jóvenes y menores de edad para cometer delitos e infundir temor en las comunidades.
Con información de | crhoy.com
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