Con un plan de acción en las calles, sindicatos ya piensan en sus primeras manifestaciones para el 2020

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La fijación de un único incremento salarial para los empleados públicos en el 2020 genera molestia en algunos gremios sindicales que anuncian desde ya una serie de “acciones de calle” para el próximo enero. 

Así lo confirmó el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, quien espera que otros sindicatos se sumen a la convocatoria.  

“Esperamos que los gremios que rechazaron el acuerdo podamos juntarnos para realizar una acción unificada. Dependerá del proceso de conversaciones intergremiales que tendremo estos días”, adelantó. 

Pese a que en la negociación con el Gobierno estuvieron presentes sindicatos como la Central General de Trabajadores, de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses, de la confederación Rerum Novarum y de la Central General de Trabajadores, Vargas aduce que se trata de grupos minoritarios y que desconocen el acuerdo. 

Por el mismo motivo, además de las protestas, el dirigente señala que se estudian medidas legales para pedir la revocatoria del acuerdo en la vía judicial. 

“En estos días un equipo de profesionales van a analizar la posibilidad de impugnar este acuerdo, muy probablemente en el Contencioso Administrativo”, comentó. 

Las negociaciones salariales finalizaron esta semana y el acuerdo final se anunció el martes por la noche (Foto:MTSS)

Incrementos unificados

El nuevo sistema de incrementos salariales fue aprobado por la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público a petición de la Ministra de Trabajo, Giannina Dinarte. 

Específicamente, el aumento general será de ¢7.500 con un incremento adicional diferenciado para los grupos de menor salario, dependiendo de su salario base.

De esta manera, aquellas personas que tienen un salario base máximo de ¢300.000 recibirán un aumento adicional de ¢1.250, para un aumento total de ¢8.750. Esta cifra adicional se irá reduciendo conforme crece el salario base, quedando establecido que aquellos servidores y servidoras que cuentan con una base salarial igual o mayor a ¢750.000 no reciben el aumento adicional.

Esta medida cubre a 125.723 funcionarios y funcionarias públicas pertenecientes al régimen del Servicio Civil.

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