Trámite legislativo atrasa envío de consulta sobre pesca de arrastre a Sala Constitucional

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La consulta que enviarán al menos 10 diputados a la Sala Constitucional, por el proyecto de ley sobre pesca de arrastre, está a la espera de un trámite legislativo. La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) lideran la iniciativa para pedir criterio a los magistrados.

Aunque el documento ya está listo, primero tendrá que esperar a culminar su trámite legislativo relacionado con el envío del texto final a la Comisión de Redacción.

Las principales armas de los diputados que se oponen a reestablecer la pesca de arrastre en el país, tienen que ver con el trámite de mociones efectuado el miércoles anterior, donde denunciaron incluso irregularidades en el procedimiento.

Otro de los puntos será el relacionado con estudios científicos y técnicos. Mientras sus impulsores aseguran que un análisis realizado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) es suficiente, sus retractores opinan lo contrario.

Es claro que los estudios del proyecto no son suficientes para justificar la reactivación de la actividad. Esto es un vicio constitucional que no puede salvarse. Las familias que dependen del mar requieren urgentemente soluciones reales, manifestó Mario Castillo, diputado del PAC.

Con respaldo del PLN

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) se dividió durante la votación en primer debate de este proyecto de ley, tramitado mediante el número de expediente 21.478.

A favor estuvieron Carlos Ricardo Benavides, quien incluso defendió la iniciativa durante la discusión. Además votaron a favor Wagner Jiménez, Daniel Ulate, Luis Fernando Chacón, Gustavo Viales, David Gourzong y Aida Montiel.

En contra votaron Silvia Hernández, María José Corrales, Paola Valladares, Luis Antonio Aiza, Jorge Fonseca, Yorleny León y Roberto Thompson.

Éste último confirmó su firma para la consulta ante la Sala Constitucional.

Por su parte, Paola Vega del partido oficialista espera que la respuesta por parte de los magistrados sea emitida antes del 2 de febrero de 2020, fecha en que se llevarán a cabo las elecciones municipales.

A su criterio, los promotores de la iniciativa utilizan al sector pesquero a cambio de votos para esa contienda.

La prohibición práctica sobre esta práctica se dio desde 2013, cuando la Sala Constitucional prohibió la renovación o entrega de nuevas licencias para la pesca de arrastre. Desde ese momento, el ente constitucional estableció que para su reinserción se debía de realizar una reforma legal, estudios para demostrar su sostenibilidad, así como análisis científicos y técnicos para garantizar el principio de desarrollo sostenible democrático.

El proyecto presentado por el restauracionista Melvin Núñez, cuenta con un estudio de Incopesca, realizado a finales de 2018. Este mostró una reducción en la captura de Fauna de Acompañamiento del Camarón (FACA). Este es uno de los puntos – pero no el único – objetado por los magistrados en el 2013.

Desde el 15 de octubre anterior, la Procuraduría General de la República advirtió sobre la posible inconstitucionalidad del 21.478 ante la falta de estudios. El propio Incopesca admitió que se necesitan más estudios para cumplir el mandato de la Sala.

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