En Costa Rica, hay que ser claro: es indignante que una entidad estatal haya amenazado con cortar el suministro de agua a 20 mil personas debido a un conflicto entre instituciones públicas. Así de sencillo.
No se trataba de habitantes que dejaron de pagar sus cuentas, sino de un enfrentamiento entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Municipalidad de Paraíso relacionado con una deuda institucional que, según el informe oficial, ya ha superado los ¢3. 466 millones.
Por fortuna, la Sala Constitucional tomó la decisión adecuada y mandó que no se puede interrumpir el suministro de agua mientras se aclare la situación legal.
Era lo mínimo que se podía hacer. En un país donde se habla tanto de derechos humanos, no se puede aceptar que una familia se quede sin agua a causa del desorden de sus autoridades.
«Hoy festejamos que la comunidad se expresó. Que no se dejó intimidar. Que utilizó el Estado de derecho y venció a la amenaza. Bien por los vecinos. «
El agua no es un capricho. El agua representa salud, alimentación, higiene. Es dignidad.
Lo sucedido en Paraíso evidencia hasta dónde ha llegado la negligencia de las instituciones.
Mientras los ciudadanos cumplen puntualmente con sus pagos, los directivos se echan la culpa entre sí y nadie asume la responsabilidad.
El AyA amenaza con cortes masivos, y la Municipalidad argumenta que no se han cumplido ciertos acuerdos. ¿Y en el medio? La gente, como siempre, presenciando cómo se cierne sobre ellos una amenaza que es injusta y absurda.
Esto no es solo una cuestión de facturación.
Es un reflejo de un Estado desorganizado, que no planifica, no se comunica y no comprende para quién trabaja. Porque cuando un funcionario público firma una orden para dejar a una comunidad sin agua, está actuando en contra de la ciudadanía, no en favor del bienestar común.
Lo que ocurrió en Paraíso no debe repetirse en ningún otro cantón.
Las instituciones deben rendir cuentas, colaborar y respetar el derecho fundamental al agua.
Ya es suficiente de que los costarricenses sufran las consecuencias de las disputas entre empleados públicos.
Hoy celebramos que la comunidad se hizo escuchar. Que no cedió ante la presión. Que apeló al Estado de derecho y derrotó la amenaza. Buen trabajo por parte de los vecinos. Buen trabajo por parte de la Sala. Pero muy mal, realmente mal, por quienes siquiera consideraron la posibilidad de cerrar el suministro a miles de hogares, como si fuera un simple castigo.
Con el agua no se juega. Y Costa Rica no debe permitir que esto vuelva a ser una cuestión en duda.
Con información de | diarioextra.com
Obtén información al instante, únete a nuestra comunidad digital
Síguenos en nuestras cuentas de Redes Sociales Instagram: @costaricanews24
