Costa Rica: la alumna estudiosa vuelve con ansias

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A pesar de todo, Santiago está animado. Su último año en la educación primaria fue casi borrado por la pandemia, pero el regreso a un aula, la primera que pisa en la fase secundaria, ha sido un carrusel con saldo positivo entre ilusión, ansiedad y obstáculos para este niño, que se confiesa bueno en las Matemáticas y deseoso de demostrarlo en el liceo de Alajuelita, un municipio lleno de necesidades al sur de San José, la capital de Costa Rica.

El adolescente de 13 años lo auguraba el lunes 8 de febrero al portón del colegio, con voz tímida y frotándose nervioso las manos al iniciarse oficialmente el curso del 2021 y el retorno de 1,1 millones de estudiantes, más 54.000 nuevos. Es más del 20% del total de habitantes de Costa Rica convocado a la Educación General Básica para un regreso paulatino y parcial, pero regreso a fin de cuentas. Como tantos, Santiago Marín quería recuperar el tiempo perdido y probar si sus dotes de estudioso superan a los problemas que la pandemia agravó, destapó y generó en 2020 sobre el sistema, en especial para la población más pobre dentro de un sistema educativo que sigue viéndose como ejemplar en América Latina.

Las autoridades anunciaron que el regreso era opcional, pero más del 98% de los estudiantes acudió. Entre ellos Santiago, que llega sin computadora para seguir las clases virtuales de su colegio, con solo un móvil prepago que se traga en minutos los datos al conectarse con la plataforma y sin dinero en el hogar por el desplome de la clientela de la madre en su trabajo informal de esteticista a domicilio. Pero el ánimo del muchacho puede más. Él y su mamá, Noemy Ávila, confían en las ayudas estatales disponibles para atenuar las carencias de casa y, por encima de todo, en dos factores que parecen contradictorios: lo aprendido en la primaria y la disposición para aprender todo lo que no le enseñaron en ese último año del ciclo, que lo hay. “Porque sabemos que solo así puede tener un futuro un poquito mejor, tal vez”, dice ella.

La situación de Santiago, sin embargo, está lejos de ser una rareza y encarna bien los desafíos del sistema educativo costarricense al reabrir las puertas de las aulas de más de 4.500 instituciones o al hacer el recuento de daños del shock pandémico, aún inconcluso.

Costa Rica es la estudiante aventajada de la región y acostumbrada a los aplausos, pero la suspensión de clases presenciales le hizo reventar en la cara el rezago digital y otros procblemas que ya venían erosionando al sistema público, que acoge al 92% de la matrícula total. La factura cae con más peso sobre el tercio de alumnos que viven en la pobreza y que quedaron casi desenchufados del aprendizaje a distancia improvisado por las autoridades cuando se supo que la covid-19 ponía el candado al curso en marzo del 2020, cuando Santiago ni si siquiera había aprendido el nombre de sus nuevos compañeros o profesores.

Este es el pequeño país que invierte 8% de su PIB en educación y se ufana de la cobertura universal en primaria, que sostuvo al 96% de los estudiantes durante el trastorno del 2020 y alimentó a la mayoría de ellos, el que tuvo que abrir en semanas más de un millón de correos electrónicos para los estudiantes y correr para capacitar en plataformas digitales a la mayoría de sus 68.000 docentes. Es, al mismo tiempo, el país que los últimos 20 años ha experimentado el crecimiento de desigualdades sociales evidentes en las escuelas, con el peligro de que los trastornos educativos del 2020 se manifiesten en un impacto generacional dentro de dos o tres décadas.

Ese es desafío de fondo del Plan Regresar, creado por el Gobierno para este 2021 después de un año de incertidumbre sobre el momento de volver. Con protocolos sanitarios generales, cuya ejecución depende de cada institución (director, docentes y una junta comunal) y en coincidencia con una reducción en los contagios de coronavirus en las primeras semanas del año, los pabellones volvieron a poblarse. Regresaron con mascarillas, sin abrazos ni meriendas compartidas y llenos de incertidumbres sobre el modelo mixto de clases presenciales y a distancia, aunque su mundo educativo ahora es otro, como describe Patricia Portela de Souza, representante de Unicef en Costa Rica.

“Hay que tener coraje para abrir puertas con la pandemia activa, pero era necesario. Ni siquiera le llamaría ‘regreso’, porque llegan a una realidad nueva”, dijo a EL PAÍS en referencia al proceso pedagógico, a la convivencia y a las debilidades en calidad y modernización que ahora han quedado expuestas. El problema de fondo, advierte, es atender la exclusión social que se manifiesta en el acceso a la tecnología, aunque el Estado mantiene una red de ayudas que va desde la alimentación gratuita hasta becas a las familias que se comprometen a mantener a sus hijos en las aulas aunque abunden las dificultades.

El contexto tampoco ayuda. El desempleo nacional se duplicó durante la pandemia y cerró el 2020 en el 20%; la pobreza subió del 21% al 26% de la población y las posibilidades del Estado de aumentar las ayudas sociales se reducen por los severos problemas fiscales empeorados por la pandemia. El momento amenaza al modelo de bienestar social que se le ha reconocido a Costa Rica y los expertos se preguntan si a partir de este 2021 la educación formará parte de los damnificados o de los cuerpos de socorro. En la crisis de inicios de los ochenta ya ocurrió, y muchos de aquellos niños son hoy los padres que con mil costes alimentan a sus hijos. “¿Comprar una computadora? Es mi sueño de todas las Navidades”, dice resignada Noemy, la mamá de Santiago.

Para la representante de Unicef también fue una sorpresa conocer las brechas sociales en el sistema educativo cuando se instaló en Costa Rica, en agosto. Antes solo había oído hablar de las bondades de un país que trata la educación como un pilar de desarrollo, pero ahora sabe de las diferencias entre los alumnos de centros privados y públicos, o incluso entre estudiantes de centros estatales. Hay instituciones de alta calidad y otras ―especialmente en zonas rurales― que arrastran años de falta de recursos físicos, además de los vacíos que ahora se evidencian en tecnología y dejan a muchos dependiendo de su celular o del de sus padres.

Un 70% de la población total tiene algún acceso a internet, pero la mayor parte de este se basa en líneas móviles, que en Costa Rica las hay en una proporción de 170 por cada 100 habitantes. Sin embargo, ni siquiera un alumno con todos los recursos de conectividad (40% del estudiantado) tiene garantía de poder seguir desde su casa una clase transmitida desde el aula. Para Santiago y el 60% restante, el problema sí está en su hogar por la falta de una red suficiente, de un ordenador o ambas cosas.

La deuda, sin embargo, es con todos los alumnos, advierte la ministra de Educación, Guiselle Cruz. Admite que el sistema es básicamente análogo, más allá de la carencia de conectividad para la población de menores recursos y las regiones de menor desarrollo. “El desafío es avanzar en el acceso al conocimiento mediante la tecnología. Había una desidia frente en las nuevas formas de aprendizaje y ahora tenemos el mismo problema que tiene casi toda América Latina”, contesta a EL PAÍS.

El problema es mayor que haber congelado el aprendizaje o aguantado la respiración durante la fase intensa de covid-19. Maestros de todos los niveles contaron a este periódico los retrocesos que ven en sus nuevos grupos en relación con los anteriores, aunque las autoridades decidieron que nadie reprobara en 2020. Diagnósticos no habrá hasta que el Ministerio de Educación (MEP) aplique en mayo unas pruebas nacionales llamadas Faro, en el penúltimo nivel de primaria y de secundaria, pero los reportes abundan.

Los más pequeños de la primaria llegan con dificultades inusuales en la expresión oral y con los dedos rígidos para hacer los trazos de las letras. A.S.R tiene siete años y debería estar tomando el lápiz, pero su maestra prefiere ponerlo antes a amasar plastilinas. Está en primer grado, pero los ejercicios de preescolar son indispensables, y así con cada nivel.

En el segundo grado deberían escribir su nombre sin problemas, pero no todos tuvieron acompañamiento en casa en el 2020 y nada se puede dar por sentado, dice la maestra Alejandra Montero en un jardín de la escuela Ascensión Esquivel, en Alajuela, a 20 kilómetros de la capital. “Me sorprendí cuando le pedí a un niño escribir su nombre, y no logró hacer ni la primera letra”, cuenta. A su alrededor, aulas perfectamente iluminadas, lavamanos nuevos, un comedor sin coste y decenas de niños perfectamente uniformados con su camisa blanca y pantalón o falda azul. Paquetes de comida listos para entregar a los hogares, aulas con tecnología y maestros dispuestos a trabajar extra. Parece que tienen todo aquí, pero en los hogares la realidad puede ser otra.

Isidora Chacón, oficial de Educación en Unicef Costa Rica, concluye que el nuevo escenario obliga a involucrar más a las familias y a la comunidad, y esa será otra de las incógnitas. “No bastará con lo que se haga en las aulas ni es tan fácil como retomar el libro en la página en que quedó. Hay que ir más atrás o incluso cambiar el libro completo”, reflexiona la especialista después de advertir que la pandemia no fue el primer trastorno. En 2018, el gremio de docentes realizó la huelga más larga del último siglo, al protestar durante tres meses contra una reforma fiscal que acabó aprobándose. Se perdió el tercio final de ese curso lectivo y en el 2019 tampoco faltaron sobresaltos que se sumaron a errores en la calidad de la educación en general, con dudas sobre la preparación de los docentes, como señaló en 2019 el informe Estado de la Educación, una publicación anual de un centro de investigaciones amparado en las universidades estatales.

La cobertura ha mejorado en la última década con especial énfasis en el nivel preescolar, pero ha descuidado los frutos finales, recoge un informe del 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que aceptó la adhesión de Costa Rica en 2020. “El rendimiento de jóvenes costarricenses con 15 años de edad estuvo unos dos años por debajo del de sus pares de los países de la OCDE en las pruebas PISA 2015”, señala el análisis sobre los desafíos de los cuales las autoridades son conscientes.

Por eso la pandemia pilló al sistema educativo en fases avanzadas de reformas en programas, métodos pedagógicos y evaluación, advierten en el MEP, pero reconocen que ahora lo urgente es aplacar el peligro de que las dificultades expulsen del sistema a los niños o jóvenes, que estos tengan acceso a la convivencia y a recursos indispensables. Las necesidades han crecido y el MEP recibió en el 2020 más de 50.000 nuevas solicitudes de becas sin posibilidad de atenderlas, lamenta Leonardo Sánchez, de la Dirección de Programas de Equidad del MEP.

Ceyling Arauz, una madre de 34 años que perdió su empleo como empleada doméstica cuando llegó la pandemia, también pidió una beca para su hijo Andy, el tercero de cuatro. Sostiene su hogar con menos de 100 euros de una pensión alimentaria, con trabajos esporádicos y con los paquetes de comida que entregan en la escuela Juan Santamaría en el municipio Curridabat, a la que acuden por igual pobladores de barrios marginales como de familias adineradas. En paquetes como ese recibía en 2020 el material impreso para que todos se mantuvieran al tanto de sus clases, y de la tutoría se encargó ella misma, que hace 25 años quedó fuera del sistema educativo cuando cursaba el quinto grado de primaria. “Yo les digo que aprovechen lo que puedan y que yo me la voy a jugar para que sigan estudiando, no sé cómo, pero tienen que seguir”.

Fuente: El País

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