La oficina de prensa de la Fiscalía General, tras consulta de DIARIO EXTRA, indicó que amplió la investigación que sigue contra los magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que se recetaron un jugoso aumento salarial en el 2008 y 2010.
“De acuerdo con su solicitud, le informo que la causa penal de su interés, 18-000176-033-PE, fue acumulada al expediente 18-000171-0033-PE. Su estado es en investigación, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y administración irregular”, detalló la Fiscalía.
En setiembre del 2018, el Ministerio Público había detallado que en la lista de investigados aparecían 18 altos jueces y exjueces, hoy la lista ya suma 20 (ver recuadro).
La denuncia la interpuso la jueza de trabajo Silvia Arce, junto al también juez Armando Enrique Elizondo, señalando una acción de inconstitucionalidad por el acto en cuestión.
A finales de diciembre pasado, la Sala Constitucional rechazó dicha acción al considerar que el ajuste salarial estipulado en los acuerdos impugnados no violenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Además del análisis de los magistrados, el fallo se basó en un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), que adujo en octubre del 2017 que el aumento salarial para la clase gerencial de la Corte “fue adoptado con base en estudios técnicos, preparado por órganos especializados del Poder Judicial”.
El pronunciamiento también señaló que los acuerdos “no infringen el bloque de legalidad ni de constitucionalidad”.
No obstante, a pesar de la decisión de la Sala IV, la Fiscalía continúa adelante con la investigación.
El incentivo salarial significó solo para magistrados un aumento del 35% de su salario (por ejemplo, en el caso del presidente de la Corte pasó de un salario base de ¢1.299.400 a ¢1.755.000, una diferencia de ¢456.600 más y para un magistrado el aumento en el salario base fue de ¢416 mil.
De acuerdo con Arce, esta nueva denuncia penal a los magistrados se basa en que lo actuado podría interpretarse como un “delito de efecto continuado”, en el sentido en que este beneficio cada mes tiene un alto impacto en el presupuesto de la Corte e incluso en el aumento de varias pensiones de los exmagistrados.
Por ello, la jueza quiere que el Ministerio Público investigue si los magistrados incurrieron en infracciones penales a los artículos 45, 47, 48, 56, 57 y 58 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
“De estimarse que existen delitos, son de carácter continuado, toda vez que cada erogación quincenal/mensual, se repiten las consecuencias de los acuerdos de la Corte Plena, para el erario público y para el Fondo de Pensiones del Poder Judicial”, explica la jueza en su denuncia.
También Arce agrega que este hecho hace imprescriptible la acción penal, en razón de calificarse los hechos como delitos funcionales, no les alcanza el instituto de la prescripción.
“Con el actuar presuntamente antijurídico de los denunciados, se ha menoscabado la calidad de vida de todos los habitantes del país, que han debido financiar con impuestos los ilegales aumentos de salarios acordados”, enfatiza la jueza.
magistrados y exmagistrados a los que investiga el Ministerio Público
Orlando Aguirre Gómez, Sala II
Eva Camacho Vargas, Sala II
Fernando Castillo Víquez, Sala IV
José Paulino Hernández Gutiérrez Sala IV suplente
Jesús Ramírez Quirós, Sala III
Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Sala I
Román Solís Zelaya, Sala I
Julia Varela Araya, Sala II
Gilbert Armijo Sancho, exmagistrado
José Manuel Arroyo, exmagistrado
Ana Virginia Calzada Miranda, exmagistrada
Alfonso Chaves Ramírez, exmagistrado
Carlos Chinchilla Sandí, exmagistrado
Ernesto Jinesta Lobo, exmagistrado
Adrián Vargas Benavides, exmagistrado
Rolando Vega Robert, exmagistrado
Carmenmaría Escoto Fernández, exmagistrada
Magda Pereira Villalobos, exmagistrada
Stella Bresciani Quirós, exmagistrada
Óscar González Camacho, exmagistrado
