Además del vicepresidente Brunner, por supuesto financiamiento ilícito en partido político
La Fiscalía General de la República ha sometido a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia una denuncia que solicita el levantamiento de la inmunidad y la apertura de un juicio contra siete funcionarios que forman parte de los Supremos Poderes, por su supuesta implicación en delitos vinculados al financiamiento político ilegal.
Los acusados son:
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles
El primer vicepresidente, Brunner Neibig
El canciller, André Tinoco
La diputada Pilar Cisneros Gallo
La diputada Luz Mary Alpízar Loaiza
La diputada Paola Nájera Abarca
El diputado Waldo Agüero Sanabria.
Esta acusación es parte del caso 22-000116-1218-PE y fue presentada directamente por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, de acuerdo con lo que indica la ley vigente en situaciones que involucran a miembros de los Supremos Poderes con inmunidad constitucional.
La investigación
“Los eventos tuvieron lugar en 2022, y se presume que se emplearon dos estructuras paralelas para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) durante el periodo electoral de 2022-2026.
Las estructuras que se han identificado fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien está bajo un proceso penal independiente en el caso 22-000210-0276-PE, que está siendo investigado por la FAPTA,” menciona el comunicado de la Fiscalía.
El Ministerio Público apuntó que “ambos métodos de financiamiento operaron sin la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones ni de la Tesorería del partido político, como lo requiere el Código Electoral. Esto va en contra de los principios de legalidad, transparencia y publicidad que regulan el financiamiento político en Costa Rica, lo que afecta la integridad del proceso electoral. «
De igual manera, indicaron que “el Código Electoral establece que todas las contribuciones a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas deben ser hechas por personas físicas nacionales, debidamente identificadas, y canalizadas exclusivamente a través de los mecanismos oficiales del partido político”.
“Con base en lo investigado, hay suficientes pruebas que permiten sostener, en el nivel de probabilidad requerido en esta fase procesal, que los acusados son responsables de los delitos previstos en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral,” señala el organismo acusador.
Ahora, es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia revisar la acusación y, si lo considera adecuado, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad constitucional de los funcionarios acusados.
Con información de | diarioextra.com
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