Desde la implementación de la Ley Antitabaco, más de 86 mil personas han dejado el tabaquismo.
No obstante, la ausencia de medidas que refuercen las prohibiciones ha impedido el progreso del país en esta área.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de 2010, realizada por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), aproximadamente 434. 000 personas eran fumadoras activas en ese año.
En 2022, esa cifra descendió a 348. 000, según la Encuesta Mundial de Tabaco realizada en Costa Rica.
Esta disminución también se observa en la reducción de casos de cáncer de pulmón en la última década.
Datos del Ministerio de Salud indican que en 2012 se registraron 229 casos, en 2016 la cifra fue de 228, en 2020 hubo 226 y en 2022 solo se reportaron 164.
A pesar de esto, la caída en el consumo se ha desacelerado.
La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos (GATS) mostró que la tasa de fumadores pasó de 9,1% en 2015 a 8,7% en 2022.
“Todas las acciones de la Ley 9028 del 2012 han contribuido a reducir el número de fumadores. Sin embargo, según las encuestas de 2015 y 2022, la disminución no fue significativa. El descenso se ha estancado”, afirmó Nydia Amador, presidenta de la Red Nacional Antitabaco (Renata).
¿Dificultades para hacer cumplir la Ley?
Pese a la supervisión de la Policía Municipal, en el centro de San José es común ver a vendedores ambulantes ofreciendo cigarrillos sueltos, a personas fumando en espacios públicos y a jóvenes usando vaporizadores en paradas de autobús, actividades que están prohibidas por la Ley.
El jefe policial Marcelo Solano admitió la situación y el objetivo legislativo de crear áreas libres de humo de tabaco. Sin embargo, tanto él como el alcalde Diego Miranda reconocen que las fuerzas municipales no tienen la capacidad para vigilar todos los espacios públicos.
“Actualmente estamos operando con limitaciones, así que somos conscientes de que eso es una responsabilidad designada por la ley, especialmente para las policías municipales en los cantones donde están presentes, pero ante las prioridades operativas, pasa a ser secundario”, comentó Solano.
Los comerciantes que ofrecen cigarrillos sueltos, de contrabando o que incumplen la ley se arriesgan a sanciones de ¢231. 000, así como a otras penalizaciones e incluso al cierre del establecimiento.
“La normativa establece que, en los casos que se necesite renovar permisos o licencias ante cualquier ente del Estado, se debe demostrar, mediante un certificado del Ministerio de Salud, que se está al corriente con el pago de las multas”, indica la ley.
El cambio hacia una nueva adicción
El cambio del cigarro tradicional hacia los vaporizadores es una tendencia global que también se observa en Costa Rica. La Encuesta GATS señala que, aunque el consumo de tabaco continúa disminuyendo, el uso de vaporizadores está en aumento.
En la encuesta se reveló que en el país hay 453. 500 individuos que consumen productos de tabaco. Además, el uso general disminuyó de nueve individuos por cada cien en 2015 a ocho en 2022, siendo la franja de edad entre 25 y 44 años la que más utiliza cualquier tipo de producto fumado, representando el 10,6% del total de los encuestados, reportó el IAFA.
Esto sucede a pesar de los intentos por disminuir el uso de estos productos, ya que el estudio también indicó un incremento en el consumo de cigarrillos electrónicos, que pasó del 1,3% en 2015 al 1,6% en 2022.
“La mayoría de los dispositivos están diseñados para atraer al público joven, igual que sucedió antes con los cigarrillos. Esto es muy peligroso”, advirtió Wing Ching, experto de la Asociación Costarricense de Neumología.
El propósito de la Ley
Hace trece años se aprobó la “Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”.
Los debates alrededor de esta ley generaron diversas opiniones médicas y económicas sobre la efectividad de incluir imágenes informativas en los paquetes o si la prohibición de la venta de cigarrillos sueltos realmente alentaría a los fumadores a dejar el hábito.
Aunque desde 1995 se habían tomado acciones para restringir el uso del cigarro al prohibirlo en hospitales y escuelas, fue la Ley 9028 la que implementó las primeras restricciones significativas contra la industria tabacalera, priorizando la salud pública.
Actualmente, la situación ha cambiado y varias organizaciones reclaman nuevas medidas como el aumento de impuestos, el empaquetado neutro y regulaciones más estrictas, similar a las que se establecieron en 2012.
“Se requieren medidas que aún no se han implementado en Costa Rica, como el empaquetado neutro y la subida de impuestos. ¿Cómo es posible que desde 2012 no se haya incrementado el impuesto? ”, cuestionó Nydia Amador, presidenta de Renata.
Metas de la ley
• Disminuir el consumo de productos derivados del tabaco.
• Reducir la exposición de la población a los efectos perjudiciales del humo del cigarrillo.
• Mitigar el impacto en salud, sociedad y medio ambiente generado por el tabaquismo.
• Evitar la exposición, especialmente entre niños y jóvenes.
• Fomentar la educación en salud y aumentar el conocimiento sobre los peligros relacionados con el uso de estos productos.
Resultados desde la implementación de la normativa
• Según los estudios continuos del IAFA, la prevalencia del consumo ha disminuido.
• La prohibición de la publicidad ha tenido efectos favorables, especialmente en los niños, quienes ya no están expuestos a anuncios de tabaco.
• Se ha registrado una baja en los casos de cáncer de pulmón.
• También se ha reducido el comercio, venta y consumo de productos de tabaco.
Con información de | diarioextra.com
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