Se intenta bajar las comisiones para el comercio pensando en las pymes, según el MEIC

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Abaratar el costo para los comercios al recibir pagos con tarjeta es lo que pretende un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). 

Arnoldo Trejos, director de Investigaciones Económicas y de Mercado de esa cartera, manifestó que piden información a un total de 33 empresas. 

Se quiere conocer sobre la cantidad de transacciones al año y el volumen de compras, así como cuánto representa eso en ingresos. 

La acción administrativa es complementaria a un proyecto de ley que se estudia en la Asamblea Legislativa. 

Trejos cuestionó que los diputados no hayan llamado al MEIC para formar parte de la discusión y que se pretenda que sea el Banco Central quien haga los estudios. 

“Es el MEIC quien tiene la facultad. Nos llama la atención que nos hayan excluido”, acotó.

Hoy los comercios pagan una comisión al proveedor del datáfono cada vez que un cliente paga con tarjeta, según el tipo de establecimiento. Un 1% en las gasolineras, un 2% en supermercados y un 4% en cualquier otro tipo de comercio.

Además deben asumir costos adicionales si la tarjeta con que se paga no es la misma del banco proveedor del datáfono. 

Lo que se quiere ver es si las comisiones (adquirencia e intercambio) están acordes con el costo de prestar los servicios. La hipótesis es que podrían ser inferiores.

“¿Cuáles son los ingresos de los emisores? ¿En qué costos incurren por dar el servicio de los datafonos? ¿Son esas comisiones razonables?”, indicó Trejos como parte de lo que será analizado. 

Agregó que se intenta velar por bajar las comisiones para el comercio pensando en las pymes (pequeñas y medianas empresas), pero también se espera que de aplicarse una baja se traslade en beneficio del consumidor. 

Las empresas tienen hasta el 5 de febrero para cumplir con la entrega del cuestionario y se espera que este mismo año el MEIC concluya el estudio para tomar medidas correctivas. 

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) recomendó al Poder Ejecutivo su intervención en dicho mercado porque encontró que no existía una política de fomento de la competencia capaz de resolver el problema estructural, que impide una competencia efectiva para la determinación de las tasas.

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