Un estudio reciente realizado por el economista Édgar Robles ha mostrado que el límite en las tasas de interés establecido por ley en el país no solo ha restringido el acceso al crédito, sino que también ha provocado una significativa disminución en el consumo, sobre todo en grupos vulnerables.
En el Banco Promerica, por ejemplo, la aplicación de este límite ha hecho que el consumo anual disminuya en ¢10. 600 millones.
Esta cantidad representa el gasto que dejaron de hacer al menos 100. 000 personas que fueron excluidas del sistema financiero formal al perder el acceso a sus tarjetas de crédito a causa de los límites legales establecidos.
«El límite se aplica de manera generalizada, como si todos los consumidores tuvieran el mismo nivel de riesgo. Sin embargo, la situación es diferente. Existen personas con mejor historial crediticio y capacidad de pago que han quedado fuera del sistema. Esto afecta no solo a los consumidores, sino también a las pequeñas empresas que dependen del financiamiento para funcionar», comentó Robles en su análisis.
El informe señala que, al extrapolar los datos, la disminución total del consumo mediante tarjetas de crédito representa el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Este fenómeno impacta directamente en la dinámica económica nacional, especialmente en tiempos en que la reactivación y el acceso a liquidez son esenciales.
«Con la reducción del crédito, las personas ven reducido su poder de compra, limitan su presupuesto y, por lo tanto, restringen su gasto«, advierte el estudio.
Los sectores más afectados por esta exclusión financiera incluyen a los trabajadores independientes, a aquellos mayores de 45 años, a las mujeres y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Curiosamente, estos eran los grupos que la ley buscaba proteger.
«La intención original era defenderlos, pero el resultado ha sido su exclusión del crédito formal. Dado que se trata de consumidores con préstamos pequeños y considerados de mayor riesgo, los bancos no logran cubrir sus costos operativos con tasas bajas, lo que resulta en su rechazo», explicó Robles.
Para las pymes, esta situación representa un obstáculo adicional para invertir, crecer y mantener el empleo, lo que también repercute en el mercado interno y en la generación de riqueza.
Cuestionamientos
El informe también criticó de manera directa el método que utiliza el Banco Central de Costa Rica para establecer los límites, que considera una tasa máxima entre 12,8% y 13,8%, a la que se le suma el promedio de la tasa activa acordada por el grupo «Otras Sociedades de Depósito« y se multiplica por un factor de 1,5 para créditos generales y 2,085 para microcréditos.
Robles argumentó que este enfoque «no es técnico» y pasa por alto variables clave como el riesgo personal, los costos operativos reales y las diferencias entre diferentes tipos de clientes.
Además, cuestionó que el análisis no tiene en cuenta las variaciones en la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central ni toma en consideración métodos actuales de análisis crediticio como los burós de crédito completos, que harían posible una valoración más equitativa del solicitante.
El estudio reitera un asunto delicado para muchos costarricenses: la necesidad de encontrar un balance entre la defensa del consumidor y un sistema financiero que continúe siendo accesible y operativo para la población en general.
Con información de | diarioextra.com
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