Diputado Pablo Abarca denuncia que la tarifa eléctrica subió un 100% en la última década

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Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), impulsa una reforma al artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), con el fin de impactar las tarifas de electricidad y hacer que bajen.

El legislador propone que las empresas públicas que ofrecen el servicio de electricidad ya no puedan incluir dentro del cálculo de la tarifa los costos de inversiones y los esquemas de financiamiento que utilizan.

De acuerdo con el congresista, malas decisiones en inversiones con proyectos que duplican sus costos iniciales hacen que sean los usuarios quienes asuman esas malas decisiones en el pago de las tarifas.

«Por esta disposición es que las malas decisiones financieras y los modelos de negocios fallidos pasan a verse reflejados en la tarifa que pagan todos los costarricenses», explicó.

Algunos ejemplos de estas malas decisiones, según Abarca, en el Grupo ICE son el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, que se presupuestó inicialmente en $757 millones y terminó costando $1.507 millones; y el Proyecto Balsa Inferior, que se tasó en $75 millones y costó $361 millones.

“Una de las razones por las cuales la tarifa eléctrica en Costa Rica es muy alta es porque los modelos de negocios o financiamiento que han escogido algunas empresas para producir la electricidad son sumamente ruinosos; es decir, fidecomisos que pudieron planearse en 30 años se han negociado a 10 años con altas tasas de interés.

Este proyecto busca que la Aresep pueda excluir estas malas decisiones a la hora de establecer la tarifa y que sean los operadores los que asuman las malas decisiones, no los costarricenses, que merecen tarifas justas en el precio de la electricidad”, sentenció.

La iniciativa de ley se discute bajo el expediente 21.662 y debe iniciar su trámite en comisión.

En la corriente legislativa también existe otro proyecto de la liberacionista Silvia Hernández, quien propone que el consejo directivo del ICE pueda tomar la decisión de vender activos y sus empresas, excluyendo Racsa y CNFL, que seguirán requiriendo una ley especial. 

Además que los financiamientos de proyectos que el ICE obtenga guarden una correlación con su vida útil.

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