Gasolineros piden a gobierno reducir o suspender por 3 meses impuesto

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Foto: Cortesía

Los gasolineros piden a gobierno reducir o suspender por 3 meses impuesto. Para la Cámara de Empresarios del Combustible la movida es clara.

Apuntan a que el gobierno puede reducir o eliminar, aunque sea temporalmente; el Impuesto Único a los Combustibles como estrategia para abaratar los precios de las gasolinas en medio de una escalada de precios al consumidor sin precedentes.

José Miguel Masís, director ejecutivo de la organización; indicó que esta acción es posible y reiteró el rechazo del sector al proyecto que propuso días atrás el Poder Ejecutivo para intentar aliviar el bolsillo de los consumidores en el contexto de la inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y los derivados; tras la invasión rusa en Ucrania.

Actualmente, el Impuesto Único a los Combustibles representa entre el 21% y el 33% de la estructura del precio final a los usuarios.

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Para el sector empresarial, la propuesta de ley hecha por el gobierno pretende incautar el 25% de la tarifa del margen de comercialización de los productos; fijado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), para procurar la rebaja.

Sanción económica

Según reclaman, esto se traduciría en una “sanción económica” para los gasolineros y los transportistas como antesala a despidos.

“¿De dónde el propietario de recursos puede tomar recursos? De los propios, no del vecino. Eso sería como robarle al vecino. Por lo tanto, sí, si lo que se pretende es una medida para todos los costarricenses, el acto efectivo real y conciso es el de bajar; o suspender la vigencia de los impuestos. Aunque sea por 3 meses”, detalló Masís.

La propuesta del gobierno, impulsada desde el Ministerio de Hacienda, plantea un crédito fiscal para los sectores de transporte público; el transporte de carga y las actividades agrícolas, con relación a su consumo de gasolina o diésel. Ese crédito consistiría en el reconocimiento de entre ¢78,15 y ¢92,4 por cada litro de gasolina o diésel adquirido; los cuales serán deducidos del impuesto sobre la renta.

Otra de las medidas es el congelamiento del impuesto único a los combustibles mediante la suspensión del mecanismo de indexación, por un plazo de 12 meses. Además, se propone una reducción de costos de operación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Con esto, se reduciría en un 80% el monto correspondiente a “Rédito para el Desarrollo”, en el margen operativo de la empresa estatal.

Ante esto, la cámara empresarial denunció este lunes que el proyecto es “autoritario” y que denota un escaso conocimiento de la operatividad del sector.

Entre las denuncias, señalan que el plan provocaría una confiscación de 2 veces el capital de trabajo para una estación de servicio promedio y que, igualmente; se devolvería el margen de distribución al que existía 10 años atrás (pero con los costos actuales de operación).

“Hay que tomar en cuenta que son $1.000 millones lo que representa ese impuesto para los costarricenses. Si la idea es generar una propuesta digna de ser analizada, pues es esa. El resto no tiene asidero. Es ilegal, irregular e inconsulta. Nos preocupa esa arbitrariedad, porque revela esa condición que hemos visto en este gobierno de hacer cosas a escondidas o queriendo afectar a los costarricenses en general. La propuesta, si saliera avante, ronda los ¢15 en rebaja. Con ¢15 no se resuelven problemas para los costarricenses, cuando se han aumentado ¢181 durante este año”, puntualizó Masís.

En meses recientes, autoridades de gobierno, incluido el presidente Carlos Alvarado, descartaron la posibilidad de eliminar o reducir el tributo.

Una tercera parte del impuesto, por litro de combustible, se distribuye de la siguiente manera: un 66% a la Caja Única del Estado a cargo del Ministerio de Hacienda; un 29% al Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi); un 4% al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y un 1% se divide entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a la Cruz Roja.

Masís dijo este lunes que no descartan acciones legales en caso de que el proyecto de ley planteado por el gobierno prospere.

Con información de Cr Hoy

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